Detención de probables responsables de delito de perjuicio patrimonial contra el Cobao
• Esta acción se suma a las detenciones de exfuncionarios de otras dependencias que tienen probables responsabilidades penales
• Uso de documentos falsos fueron la causa de la investigación de la reciente detención
Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de julio de 2023.- El Gobierno del Estado a través de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal confirmó la detención de dos personas del sexo masculino por su posible participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio patrimonial del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).
Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería Jurídica aseguró que esta acción corresponde a una carpeta de investigación retomada por la Fiscalía Anticorrupción, cuyo resultado arrojó la probable responsabilidad de delitos por parte de una persona identificada con iniciales O.M.C.R, quien se desempeñaba como subdirector de Administración de dicha institución, en el sexenio anterior.
“Al momento de revisar la entrega recepción, se percataron que había un documento de una erogación de un poco más de un millón de pesos, hay un documento falso que presentó un proveedor, se constató que había un interés económico, no es la única irregularidad que hemos encontrado en el Cobao” aseguró el funcionario.
La segunda persona cuyas iniciales son A.J.C.D. obtuvo una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de uso de documento falso en perjuicio patrimonial de la misma institución educativa, ya que fungía como proveedor.
El Consejero Jurídico detalló que en mayo de 2022, el entonces subdirector administrativo O.M.C.R. participó en un procedimiento de invitación restringida para la contratación de servicios de arrendamiento de equipo de impresión, fotocopiado y escaneo para las oficinas administrativas, almacén, planteles educativos y centros de educación abierta del Cobao.
Esta acción corresponde a la política anticorrupción impulsada por el Gobernador Salomón Jara Cruz, la cual establece que el Gobierno del Estado no puede ser omiso en este tipo de prácticas que de manera histórica han lacerado al pueblo de Oaxaca.