No viola derechos de partidos la designación de Mesa Directiva en la LXV Legislatura

(*) Sabiendo que la razón no le asistía, y que al mismo tiempo advertía se metería en problemas, la diputada del PRD, López Calderón y el dirigente perredista, Tomás Basaldú decidieron jugársela en un tema legislativo analizado y aprobado con antelación por los grupos parlamentarios integrantes de la JUCOPO

Mario GIRÓN

En un momento inoportuno en la agenda política partidista, cuando el presidente estatal del PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez se concentra más en una guerra verbal y de hechos pero sin sustento legal, en la intentona por desconocer acuerdos legislativos y ajustarle cuentas a Salomón Jara, que solo risa provoca al gobernador electo, Silvano Aureoles Conejo, el ex gobernador de Michoacán, visitó Oaxaca con el propósito de confesar su legítima aspiración a la presidencia de la república por el “Sol del mañana”.

Con un PRD clasificado en la sexta de 10 posiciones, como fuerza política en la entidad, abajo del PVEM y arriba, por mínimo porcentaje, del PNAO, MC, PUP y FXM, Tomás Basaldú, como dirigente de partido, no tiene mucho parque que ofrecerle a la aspiración presidencial de Silvano Aureoles y de otros políticos, mujeres u hombres, que llegarán a manifestar la misma intensión electoral.

Es por ello que Basaldú Gutiérrez, de manera inteligente, mejor esté pensando en su personal bienestar que en la grandeza del partido que hace poco tiempo le encomendaron dirigir para bien del perredismo local y por ende nacional.

“Antes muerto que sencillo”, pareciera ser la estrofa favorita de lucha política de Basaldú Gutiérrez.

Veamos: por ejemplo, en la víspera de la aprobación del Paquete Económico 2023, el Presidente Estatal del PRD movió los hilos de la manipulación y obligó a la novata diputada de su partido, Minerva Leonor López Calderón, presentar un juicio con la finalidad de impugnar el nombramiento de la presidencia de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, argumentando que no se cumplieron requisitos de elegibilidad, desde el punto de vista, que al partido del Sol Azteca le correspondía tan importante honor.

Hábil marrullero de la política y del tema electoral, de las cuales importantes satisfacciones materiales ha obtenido, por encima de cientos de militantes que no la ven llegar financieramente, así como lejos, muy lejos de la posibilidad de llegar a ocupar cargos de representación popular, Basaldú Gutiérrez, sabiendo que la razón no le asistía lo que al mismo tiempo advertía que se metería en problemas, decidió jugársela, exhibiendo a su diputada, López Calderón, en un tema legislativo analizado y aprobado con antelación por los grupos parlamentarios. 

A pesar de saberlo, que la nueva asignación de la Mesa Directiva contaba con el aval de todos los grupos parlamentarios, incluido el PRD, desde el mes de octubre, fecha histórica legislativa en donde las seis fuerzas integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), acordó que el segundo año de quehacer legislativo lo presidiría el Partido del Trabajo, en tanto, el tercero correspondería al partido que hoy encabeza Basaldú Gutiérrez.

Es de importancia capital resaltar: todas las asignaciones directivas en el Congreso del Estado se concretan con el aval de la JUCOPO, por lo que, los acuerdos emanados en materia de designación llevan un criterio político que se pone a discusión y análisis y que al final se resuelve por la vía de la unanimidad o mayoría. 

Baste recordar que, en el citado acuerdo de la JUCOPO, el aval es el legislador del PRD, entonces coordinador de su fracción parlamentaria, Víctor Raúl Hernández López (lo bajaron de la coordinación, víctima legislativa de Basaldú Gutiérrez) por lo que, en consecuencia, el concepto de legalidad legislativa, en lo referente a la designación de la Mesa Directiva, demuestra a la diputada López Calderón y al mismo Basaldú Gutiérrez, que la decisión adoptada por las seis fuerzas políticas no viola ningún derecho; se trata de un cambio de orden de prelación de quien debe encabezar la Mesa Directiva. O lo mismo, el orden de los factores no altera el producto.    

El proceso de análisis de lo anterior arroja el mismo resultado cada que vez que hace su aparición el buen Tomás Basaldú Gutiérrez. Se trata de un ejemplo más de ambición a cargo del grupo que ahora coordina estatalmente al PRD, con el respaldo cómplice de los actores tras bambalinas legislativas, planearon un golpe económico con miras a la discusión del Presupuesto 2023.

¿Pruebas? Primero, bajaron de manera majadera al coordinador parlamentario, Víctor Hernández López; segundo: tras la llegada de los integrantes de la nueva dirigencia perredista, machete en mano, avisan al Congreso, “ya llegamos”, desconociendo acuerdos de la JUCOPO y apasionadamente, peleando por lo que a ellos tocará presidir el próximo año de quehacer legislativo.

Sin embargo, esa vieja guardia perredista es hábil y astuta a lo hora de la creación de líos en pos de ganancias, al viejo estilo de lo que han aprendido:

Sabedores de no contar con el aval de los otros cinco grupos parlamentarios, no se dan por vencidos. Hoy, buscan crear una crisis en el marco del cambio de gobierno en pos de chantajear, con el juicio interpuesto, a cambio de un importante acuerdo económico con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2023 y, de paso, desactivar lo que están intentando: un posible boicot a la toma de protesta del gobernador electo, Salomón Jara Cruz, con una Mesa Directiva sin presidir.

Sabiendo que un acuerdo legal de la JUCOPO hizo posible la designación de la nueva Mesa Directiva, el rey de la marrulla, Basaldú Gutiérrez, enciende la hoguera y declara públicamente que Salomón Jara es culpable de lo que sucede en el Congreso del Estado.  

El objetivo de la movilización perredista, especialmente la de Basaldú Gutiérrez, es la dádiva, mientras brinda respiración artificial a antiguas rencillas, sin digerirlas todavía, las que ahora, pretende revivirlas contra el gobernador electo, Salomón Jara Cruz.