INPI cierra ojos en Infiernillo
(*) Permite a SCT y empresas privadas
pavimentar caminos a cabeceras municipales
(*) Al parecer, en la comunidad Infiernillo no contrataran mano de obra de la localidad como tampoco la aplicación y transparencia del presupuesto y recursos materiales para pavimentación de 6 kilómetros
Mario GIRÓN
En la comunidad Infiernillo, perteneciente a la cabecera municipal de San Antonio Huitepec, el descontento poblacional es contra el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), administrado por Adelfo Regino Montes.
Explican que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, división Infraestructura, así como la constructora, propiedad de un ciudadano de la población Infiernillo, sacaron las uñas y ahora, solicitan a pobladores de humilde comunidad la cifra de 400 mil para elaboración de expedientes técnicos para tener derecho al Programa Federal de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales.
El enojo de los habitantes de tan importante asentamiento rural, es porque Regino Montes, no sabe, o permite se haya prostituido este importante programa de justicia caminera puesta en marcha por el presidente López Obrador y que excelentes resultados contra el rezago en la materia, viene ofreciendo en territorio nacional.
Informan que por gestiones propias lograron les hicieran caso para la pavimentación de un tramo de 6 kilómetros para unir, a través de un camino pavimentado, a la cabecera municipal con tan importante núcleo de familias trabajadoras del campo.
Recuerdan que la pavimentación de caminos a cabeceras municipales tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, usar la mano de obra local, pero, sobre todo, el fortalecimiento de la economía local, invirtiendo en la compra de todo lo necesario para concretar el trabajo.
En la participación del programa 2022, a los beneficiarios del programa, les entregan el presupuesto y los responsabilizan de la aplicación y transparencia del presupuesto y recursos materiales. Sin embargo, en Infiernillo sucede todo lo contrario, porque lo está permitiendo el INPI.
Ahora, la amenaza es que la SCT, división Infraestructura y una constructora particular serán los que se encarguen de pavimentar los 6 kilómetros, a cambio de que la población entregue 400 mil pesos para efecto de elaborar expedientes técnicos y todo lo necesario para tal fin, lo cual, aseguraron, significa que el programa federal de caminos rurales está perdiendo esencia federalista y posibilidad de llevar justicia caminera a donde más se necesita, porque están metiendo la mano tanto la SCT como una empresa privada dedicada a la construcción, cuando que históricamente los pobladores se encargaban de ejecutar el trabajo a través de la contratación de mano de obra.
