Garantizar inscripción de nuevo ingreso e inmediata a normalistas exige DDHPO al IEEPO

*Concede plazo de 72 horas a Emilio Montero Pérez para un informe sobre el cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo número de aspirantes inscritos y acciones implementadas

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) no puede permitir violación a los derechos humanos por lo que emitió medidas cautelares al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para garantizar inscripción inmediata de aspirantes que aprobaron el examen de admisión a las Escuelas Normales de la entidad y que aparecen en el listado oficial publicado el pasado 8 de julio.
Por lo que, la medida cautelar firmada por el director de la Primera Defensoría Especializada, José Antonio Álvarez Hernández, obliga a IEEPO, dirigido a Emilio Montero Pérez, a emitir en un plazo no mayor de 72 horas un informe sobre el cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo número de aspirantes inscritos y acciones implementadas.
La DDHPO reconoce que impedir la inscripción de jóvenes que cumplieron con todos los requisitos y aprobaron el examen, además de afectar su proyecto de vida, implicaría una transgresión grave a los derechos humanos.
En tal asentido de justicia para con los derechos humanos de los estudiantes sin poder alcanzar todavía la inscripción correspondiente a una escuela normal, la DDHPO instruye al IEEPO a:

• Garantizar sin dilación ni obstáculos la inscripción de los aspirantes aceptados-
• Evitar el uso de mecanismos como corrimiento de listas para excluir a quienes ya fueron admitidos.
• Preservar los lugares asignados a cada estudiante conforme el listado oficial.
• Proteger la dignidad de los aspirantes y evitar actos de discriminación o violencia en su contra.
  La DDHPO recordó que el derecho a la educación está reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por México, por lo que no puede ser diferido ni negado.
  Este llamado surge en un contexto de protestas y conflictos internos en el sector educativo, donde los estudiantes han reclamado transparencia y certidumbre en el proceso de ingreso.
  Quedó establecido que la negativa de inscripción constituye una violación al derecho humano a la educación y genera un riesgo inminente de obstaculizar el acceso a este nivel formativo